Luego de casi dos décadas desde su creación constitucional, el ministerio colombiano del medio ambiente no ha logrado consolidar una imagen inequívocamente reconocible por los ciudadanos y eso ha facilitado la manipulación que los gobernantes de turno han hecho de dicha cartera y de los temas de su competencia, pese a la ley 99 y otras reglamentaciones. El ministerio ha sido dirigido, entre otras, por personas procedentes desde el sector agropecuario (hay la idea fija de que el medio ambiente sólo tiene que ver con el campo) hasta por ambientalistas promotores del paisajismo (tal vez en este caso la idea era la difusión, el apego a las bellezas naturales, etc.). Los resultados, con muy contadas excepciones han sido francamente malos para los intereses estratégicos de los bienes y servicios ambientales del país y buenos para quienes desde todos los ángulos, la explotación industrial o el ecoturismo y el paisajismo, se han lucrado de dichos bienes y servicios bajo diferentes sombrillas políticas o técnicas.
Y ahora parece que son suficientes títulos de idoneidad para dirigir esa agencia gubernamental, el ser activa promotora del ecoturismo con credenciales de protectora de la fauna acuática de un islote perdido en el Pacífico, en donde el negocio ha consistido en llevar a ingenuos y bienintencionados turistas a observar la fauna desde botes convenientemente preparados y operados por empresas familiares y aliadas de la familia. Porque no otra cosa es la que subyace al nombramiento (aún no concretado, pues no hay decreto) de la bióloga marina y promotora ecoturística Sandra Bessudo, como nueva ministra del medio ambiente en el inminente gobierno de Juan Manuel Santos.
Aparte, claro está, del antecedente desestimado por el presidente electo sobre la vinculación del padre (Jean Claude Bessudo - AVIATUR) de la candidata a ministra, con las más controvertidas concesiones, otorgadas precisamente por el Minambiente, para el manejo y explotación comercial ecoturística de varios de los más importantes parques naturales del país. Y, por lo que parece, viene por más. Esas concesiones, que han elitizado y limitado el acceso a bienes de la nación a miles de ciudadanos, por sus elevados costos y estilos ajenos a las culturas locales, han terminado por excluir de la promoción ecoturística y del disfrute libre y respetuoso de la naturaleza a miles de pequeños empresarios regionales, además del evidente mal gusto que significa viajar en esos vehículos acuáticos promiscuos, en donde no faltan el trago y la música impropia, mientras se asolean las estrías y se toman fotos. Un sucedáneo chic de la playa que, por cierto, está empezando a agotar su vigencia como lugar de esparcimiento, luego de un siglo de apogeo.
Pues bien. Es hora que los gobernantes se vuelvan serios para abordar una agenda ambiental para Colombia, de manera que sus gestores estén a la altura de la misma y no sean simples figurones para devolver favores de campaña. Lo que tiene el país por delante en estas materias es demasiado grave y comprometedor como para tomárselo a la ligera: cerca de 200 nuevos bloques petroleros en proceso de concesión y casi todo el territorio nacional cubierto con decenas de miles de solicitudes de áreas mineras; más de 4 millones de hectáreas de sabanas tropicales secas expuestas a convertirse en monocultivos extensivos de palma aceitera, con consecuencias naturales y humanas todavía difíciles de predecir con certeza; pérdida incremental de cuerpos de agua de superficie y fuentes subterráneas, por el errático e indiferente manejo de los abandonados procesos agropecuarios en la última década, la década de los desplazados y desterrados; escasez e impotabilidad de los acueductos municipales, mientras prolifera la contaminante y depredadora industria multinacional del agua embotellada; abandono absoluto de la inserción de Colombia en los pactos internacionales subregionales, como es el caso del Tratado de Cooperación Amazónica, por darle prioridad a las disputas del príncipe de turno con los príncipes vecinos; abandono completo e impune de antiguos proyectos de protección y recuperación de cauces y cuencas fluviales, como los casos del Magdalena, el Cauca y el río Amazonas, para citar sólo los más protuberantes, incluyendo la indiferencia total frente a graves problemas humanos generados por la desidia gubernamental con respecto a las infraestructuras portuarias fluviales, como el destartalado y vergonzoso muelle fluvial de Leticia, en el Amazonas, y los de Buenaventura y Tumaco en el Pacífico, también para citar sólo los más escandalosos.
Mientras tanto, las labores de control y vigilancia que el Ministerio ejerce de por sí o por medio de las entidades del llamado Sistema Nacional Ambiental, Corporaciones Autónomas incluidas, carecen del respaldo decidido de las altas jerarquías gubernamentales, inclinadas a la complacencia hacia sus favorecedores, casi todos beneficiarios de licencias ambientales. Sólo un puñado de jóvenes funcionarios de campo, mal pagados, con contratos precarios generalmente financiados por la comunidad internacional y muy poco o casi nada por el erario público, hacen lo que pueden, ahí si por amor al arte, tratando de que se cumplan las licencias y la ley 99, hasta que sus jefazos y jefazas los frenan o les cancelan sus contratos, por meterse con sus amigotes. Y también hay, claro está, los que con conocimiento y tolerancia de sus jefes aparentan hacer la tarea de control y vigilancia transportándose en los vehículos de las empresas vigiladas, durmiendo y comiendo en los casinos y hoteles de las empreas vigiladas, sin que a nadie de más arriba le importe.
Pero nos haríamos interminables y agotadores enumerando la realidad descarnada de la pobrísima gestión ambiental que hemos tenido, especialmente durante la década perdida de Uribe, pero no únicamente. A finales de los noventa, dejamos pasar de largo las oportunidades que se abrieron con el Protocolo de Kyoto, pues las autoridades ambientales de entonces no avizoraron el panorama estratégico que abría el Protocolo. Pese a existir disposiciones y políticas, el Minambiente no invierte un centavo en ciencia y tecnología que no sea aportado por sus clientes beneficiarios de licencias ambientales. En la última década -la década perdida -, abandonamos el escenario suramericano y fuimos despojados de la preeminencia que tuvimos alguna vez en el Tratado de Cooperación Amazónica y en la política ambiental de la cuenca. Nos estamos limitando a medio cumplir los compromisos en materia forestal en la frontera amazónica, pero renunciamos a exigir la reciprocidad que Brasil y Perú, y todos los demás signatarios, nos deben en esa materia. Hay que ver los muladares en que especialmente el Brasil está convirtiendo las riberas de los afluentes mayores que desembocan en la frontera común, sin que haya una sola nota de exigencia de reciprocidad por parte de un viceministro o viceministra y menos por alguna burocrática e inútil comisión de vecindad. Creo que en el gobierno ni siquiera saben dónde queda todo eso, pues por allá no hay hospedajes de 5 estrellas para viaticar y lagartear con los politicastros que hacen sueldo-turismo parlamentario.
Y a que esas anomalías de gestión continúen y se agraven, dado el panorama minero y energético que se avecina, nos exponemos con la designación de una jefe de cartera cuyo perfil, formación y experiencia personales tal vez sean funcionales para las labores particulares que realiza a traves de su fundación y sus negocios, pero no para enfrentar retos como los aludidos. Para ser ministro del medio ambiente no es suficiente conocer el campo, ser buen fotógrafo, ser biólogo y buzo; ni siquiera ser ambientalista, amigo de las focas, de los delfines rosados o de los indígenas, grandes protectores del medio ambiente. Si el nuevo gobierno quiere generar credibilidad en esta materia y no más de lo mismo, como parece, debe empezar por modificar el orden de precedencia del Minambiente y escoger un ministro o ministra que responda política y técnicamente al perfil funcional que la agenda nacional ambiental requiere. Basta, simplemente, que se fije en serio en lo que al respecto hacen países serios y punto.
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