Los parafiscales deben mantenerse...pero su utilización debe revisarse

La verdad es que los impuestos a la nómina o parafiscales (9% de la nómina) a quien más cargan es a los medianos y pequeños empresarios (digamos que por debajo de los 20 empleados). No tanto por el volumen absoluto de los pagos mensuales, sino por el efecto relativo que sobre la propia liquidez de las PYMES tiene el gravamen, mucho más preocupante en épocas de desaceleración o de contracción de la demanda del mercado interno (sin ingresos no hay consumos y si hay consumos, como ha pasado, es porque se pagan con ingresos que provienen de la economía ilegal). Los grandes empresarios y grandes empleadores terminan transfiriendo el impuesto sobre los consumidores y sobre los salarios o, compensándolos con las exenciones y descuentos fiscales. Los pequeños y medianos pueden hacer lo mismo, es cierto, pero en cifras concretas el beneficio que reciben no es igual, empezando porque están sometidos a diversos regímenes o modalidades tributarios. ACOPI sabe cuántos pequeños empresarios intentan sobrevivir en Colombia manteniendo plantillas de 2 a 5 empleados y las dulces y maduras que deben pasar cada mes para mantener esos puestos de trabajo al día en todo sentido. Todo ello tiene de base una enorme distorsión de la política fiscal, en donde no es lo mismo el 38% o 38.5% de impuesto a la renta aplicado a un gran conglomerado o a un contribuyente como persona natural, que ese mismo porcentaje aplicado al contribuyente que tiene una pequeña fábrica de muebles. Cada vez se hace necesario que en la política fiscal, en este aspecto, se establezcan porcentajes de impuestos según rangos de renta para que haya más equidad y más estímulos a la tributación, por vía de la legitimidad del impuesto.
No obstante, hay que mantener el apoyo al SENA, al ICBF y a las Cajas de Compensación, mientras en el país se da un verdadero debate acerca de cómo se debe orientar la evolución del tema del impuesto a la nómina. Entre tanto, hay que revisar la forma como estos institutos están utilizando esos recursos, independientemente del reconocimiento a la importante labor que han hecho desde su creación a finales de los sesentas.
Con respecto al SENA, hay que revisar los estudios de la propia entidad y las evaluaciones académicas y empresariales para establecer cuál es, en definitiva, la correlación entre oferta formativa y capacidad de absorción de sus egresados por el mercado laboral, mediante perfiles evaluativos basados en los diagnósticos regionales de competitividad. A menudo se ha hablado de esto, pero nada ha pasado. Por otra parte y frente a las ofertas formales de la educación superior, es necesario que tengamos claridad plena acerca de qué es lo diferente o nuevo del SENA con respecto a aquella. ¿Acaso no valdría la pena pensar en cambiar la escala y ámbito de intervención del SENA y crear ofertas regionalizadas que puedan ser ejecutadas en el nivel municipal, aunque sea por el mismo instituto?.
En cuanto al ICBF, también es preciso someterlo a una evaluación de eficiencia y eficacia que permita responder la pregunta de si los servicios prestados a los Niños, Niñas, Jóvenes y Madres en el actual modelo de los años sesentas (desconcentración funcional que no descentralización) no podría tener mayor impacto regionalizando la gestión y "civilizando" el modelo, es decir, entregándole más funciones a organizaciones de la sociedad civil y, además, integrando algunos o todos los temas de Familias en Acción. La verdad es que en este apartado de la política social el burocratismo, el clientelismo y el coyunturalismo han venido carcomiendo al ICBF, mientras que los indicadores sobre desnutrición, maltrato infantil e intrafamiliar, desintegración familiar, drogadicción y delicuncuencia adolescentes no descienden de manera significativa sino que a menudo aumentan.
El tema de las Cajas de Compensación Familiar es el tema grueso aquí, la verdad sea dicha. En éste sí que hay avispas para alborotar. Pero, para abreviar: la filosofía de las Cajas es buena y seguramente se mantendría en el proceso de una reforma. Pero, entre otras cosas, habría que revisar y condicionar en adelante la proporción de los ingresos que las Cajas transfieren en bienes y servicios a los aportantes y lo que vale hacerlo; pero, sobre todo, la disparidad enorme en la estructura salarial de los administradores y gestores de las Cajas. No hay ninguna justificación para que los salarios de los altos ejecutivos de las Cajas alcancen las cifras descomunales de las que pocos se atreven a hablar en público, semejantes a las de los ejecutivos internacionales que dejaron a sus empresas en la quiebra y se fueron de vacaciones a disfrutar las bonificaciones recibidas, como espíritus santos. ¿Por qué, an aras de la transparencia y la legalidad, no exigir que estas cifras y las de las inversiones que hacen las Cajas sean más visibles para la ciudadanía? Hay que desmontar todo tipo de privilegio que no tenga como base el mérito socialmente reconocido.
Por lo pronto, soy un convencido de que nada provechoso puede sacarse de eliminar los parafiscales ni mucho menos de permitirlos como descuento tributario. No se va a generar por eso un sólo empleo nuevo, como no lo generaron los empresarios en la era Uribe con la flexibilización laboral. En Francia ya habían hecho ese experimento y fracasaron. Aquí repetimos, por populismo empresarial reeleccionista, ese fracaso, y no hubo un solo empleo nuevo. Hasta el The Economist lo reconoció y se lamentó de ello.