Sin duda, venezolanos y colombianos debemos dar la importancia debida a la nueva tensión entre los gobiernos de los dos países, surgida a propósito del hallazgo, según el gobierno colombiano, de unos lanzacohetes tierra-aire y municiones vendidos por Suecia al ejército venezolano hace 20 años, y que habrían sido suministrados a las FARC supuestamente por militares venezolanos de alto rango, de acuerdo con menciones que habrían aparecido en la Caja de Pandora del computador de Raúl Reyes. La verdad, a la opinión pública no le han mostrado los tales artefactos y debemos atenernos, basados en el principio de la buena fe, a que el gobierno colombiano los haya examinado y obtenido los respectivos números seriales para decir lo que ha dicho.
Sin embargo, hay que recordar que esta no es la primera vez que se sabe de armas de ejércitos extranjeros en poder de ilegales colombianos. En los últimos 25 años y con alguna frecuencia, los medios colombianos han registrado la aparición de armas de procedencia israelí, francesa o norteamericana, en poder de grupos subversivos o de paramilitares o, inclusive, que han sido entregadas en procesos de desmovilización. Algunas de estas armas habrían pertenecido al ejército colombiano o al venezolano, según las informaciones divulgadas entonces (en alguna ocasión la prensa mostró unas culatas de fusiles marcados con escudos de la fuerzas armadas venezolanas pre-chavistas, seguramente robados por los traficantes). Tal vez en esta oportunidad la inquietud gubernamental se basa en la supuesta ventaja táctica que unos cohetes tierra-aire darían a las FARC ante la ofensiva aérea que han lanzado las fuerzas militares. Y no es para menos.
Pero llama la atención que en esas ocasiones el gobierno israelí, ni el gobierno francés, ni el de los Estados Unidos, protestaron o pidieron explicaciones al colombiano acerca de cómo habían ido a parar dichas armas a manos de los irregulares; inclusive, cuando mediante declaraciones de paramilitares se supo que miembros de la fuerza pública en ciertas regiones les suministraron armas y municiones de manera recurrente a los paramilitares, tampoco a ninguno de esos gobiernos ni a nadie les preocupó demasiado el hecho. Hay que tener en cuenta que algunas de esas armas correspondían, según dijeron los expertos, a las que usan las fuerzas armadas. Desafortunadamente los medios tampoco han reparado en el hecho de que cuando se produjo la desmovilización colectiva y la entrega de armas de paramilitares, recientemente, o cuando lo hicieron algunos grupos guerrilleros en los años noventa, no se examinó bien la procedencia de dichas armas ni se le hizo seguimiento a sus números seriales, como se ha hecho ahora, entre otras cosas porque se descompusieron y fundieron rápidamente para arrojarlas al mar aumentando su contaminación o para hacer escopetarras. De manera que bajo propósitos altruístas nos quedamos sin saber un dato que ahora sería relevante. A menos que el señor Alto Comisionado para la Paz hubiese registrado esos números seriales con mayor cuidado del que no tuvo para registrar oportunamente otros hechos, como por ejemplo, el reclutamiento de menores evidenciado durante las desmovilizaciones colectivas.
Si ponemos los hechos en esa perspectiva, resulta por lo menos apresurada la manera como el gobierno y algunos políticos han dado prelación al presunto comprometimiento de algunos militares venezolanos en el tráfico de armas hacia las FARC, divulgando la noticia de manera sibilina para que apunte al mismo Chávez sin mencionarlo, ignorando que esos hechos bien pudieron presentarse de la misma manera como en su momento se dijo en Colombia con respecto a las armas de los paramilitares, supuestamente entregadas por militares colombianos: que se trató de "hechos fortuitos", cometidos por unas "ovejas descarriadas" pero sin comprometer a la alta dirigencia del estado. ¿Por qué no se ha manejado el asunto de manera prudente y silenciosa por los canales diplomáticos? ¿A quién o a cuál necesidad sirve el alboroto mediático, en medio de un clima pre-electoral bastante enrarecido por la dicsución del ya fallido referendo y por la decepción ciudadana ante los graves crímenes sin resolver que reposan en la fiscalía y en la Corte Suprema, mientras los niños desplazados son violados, se mueren de hambre los indígenas en la Sierra, y crece la inseguridad en las ciudades y vuelven a presentarse los asaltos en carreteras?
Cuando se tienen intereses estratégicos en común con interlocutores camorreros e impredecibles, como parece ser el caso, y cuando esos intereses deparan más ventajas hacia el lado colombiano (negociar con Venezuela es fácil y sale muy barato, dijo el señor Fabio Echeverri, Presidente de la Junta Directiva de ECOPETROL e importante consejero gubernamental), lo correcto por parte de un gobierno es asumir con frialdad y prudencia el examen de la situación y darle un manejo que no ponga en riesgo esos intereses estratégicos y tratar de superarla rápidamente. De lo contrario, termina Chávez apropíándose de una agenda internacional en la que es protagónico, cuando lo indicado sería impedirle que construya una a costa de Colombia, minimizando tácticamente el incidente, en lugar de provocarlo. Al fin y al cabo, Colombia tiene capacidad para controlar el efecto militar de ese hecho y astucia política para capitalizarlo cuando la oportunidad sea menos costosa.
Por ello algunos no hemos entendido la reacción simplista y patriotera del expresidente César Gaviria cuando se niega a continuar con la agenda de oposición para "rodear al presidente" en la coyuntura, cuando justamente la coyuntura brinda una oportunidad para exigir un replanteamiento del manejo improvidente de las relaciones internacionales, sin que eso signifique ser menos patriotas que quienes se ponen una mano en el corazón mientras cantan el himno nacional y al mismo tiempo otra en los ojos para no ver las atrocidades que se cometen en nombre de la misma bandera y contra la misma Constitución que todavía la sostiene.
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