El presidente Uribe acaba de sancionar la ley 1286 de 2009 (enero 23), mediante la cual modifica la ley 29 de 1990, transforma a COLCIENCIAS (Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología "Francisco José de Caldas") en un Departamento Administrativo y se dictan otras disposiciones sobre el ahora llamado Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.
El sistema de gestión de la Ciencia y la Tecnología que ha estado vigente en Colombia fue concebido durante el gobierno de César Gaviria, bajo los auspicios de la llamada Misión de Sabios encabezada por García Márquez y otros intelectuales académicos. Tuvo, en su diseño e implementación, una amplia participación de los sectores académicos y empresariales del país, con un fuerte contenido de regionalización. Sus promotores quisieron marcar un hito histórico que hiciera honor a la conmemoración que por entonces se preparaba del V Centenario de la conquista de América. Aunque se trató de una oportuna y esperada iniciativa que señaló a la temática como el objeto de un proyecto estratégico de interés estatal, no hay duda que resultó limitado en sus alcances y muy frágil en su inserción en el entramado institucional, pero también sembró unos enfoques de filosofía política y de desarrollo institucional que en cierta manera se anticiparon a los de la nueva Constitución Política aprobada al año siguiente de la promulgación de la ley 29 de 1990. Es este, quizás, el mejor legado de esa experiencia.
En la década siguiente, la estructuración y reglamentación del sistema fue asumida por el gobierno de Ernesto Samper, quien, como se recordará, fijó una meta de inversión en el sector durante el cuatrienio, equivalente al 1% del PIB nacional, con lo cual se reduciría el rezago que en la materia presentaba el país con respecto a sus semejantes de la región y del mundo. Huelga decir que la meta no se cumplió. Luégo, Pastrana, el antiguo rival y denunciante del elefante samperista, una vez en el poder, emprendió el paulatino desmantelamiento del sistema por inanición, al calor de las fricciones heredadas del proceso 8 mil. Hasta que un también antiguo y notable dirigente regional del ala neoconservadora del samperismo en Antioquia, el hoy presidente Uribe, le dio su estocada final mediante la ley que ha sido promulgada a finales del pasado mes de enero.
Aunque cada personero de esos gobiernos alegará sus razones particulares, lo cierto es que una de las pocas iniciativas que por primera vez habían adquirido y logrado hacer reconocer su carácter de proyecto estratégico de estado, ha sido tirado por la borda en virtud del resentimiento y de la estrechez de miras de un sector de la dirigencia política que ha demostrado, una vez más, que continúa por debajo de las exigencias de una mirada de largo aliento para el país.
En verdad, cuesta trabajo encontrar novedades positivas en la ley 1286 de 2009, dignas de ser mencionadas por eso. Su principal propuesta consiste en convertir a COLCIENCIAS en un Departamento Administrativo dependiente de la Presidencia, con lo cual se acentúa su precariedad política y presupuestal. La alternativa al limbo institucional en que se encontraba, adscrito a regañadientes y de manera provisional al Departamento Nacional de Planeación, podría haberse buscado bajo una figura de mayor autonomía e independencia, como corresponde a la naturaleza de su misión, haciéndolo menos sensible a la politiquería y al nuevo clientelismo que se ha extendido por el país. Quedamos así notificados que, a partir de ahora, la creación científica y la innovación deberán pasar por la oficina del censor político del Palacio de Nariño, quien quiera que éste sea.
De un sólo tajo, le fueron cercenados al sistema sus brazos y articulaciones con los sectores académico y empresarial, y con las regiones, limitando la participación de los académicos y de los empresarios a la elección caprichosa por parte del gobernante, de un puñado de representantes de estos sectores en un Consejo Asesor. Así mismo, el acceso al sistema de los grupos privados de investigación y de las organizaciones civiles generadoras de conocimiento y tecnología, se vuelve aleatorio, no reglado, con lo cual se deja el campo abierto a operaciones clientelistas y a la corrupción, dado el entorno cultural actual de la nación.
Contrasta este empobrecimiento de la representatividad del sistema con el esquema, difícil pero democráctico, de los 11 Consejos Nacionales de Ciencia y Tecnología y de las Comisiones Regionales de Ciencia y Tecnología que operaron hasta hace pocos años. Estas instancias, amplias, pluralistas, con un alto grado de autonomía pero con funciones y poderes claramente delimitados, convirtieron las usualmente arduas sesiones académicas de planificación en ferias de la creatividad, suscitando el entusiasmo de investigadores, profesores, estudiantes y público. Los buenos resultados que en poco tiempo se alcanzaron en este campo, se debieron a ellas. Pero ocurrió que esta estructura fue inmovilizada deliberadamente, pues no se ajustaba a los designios unidimensionales y autoritarios del ejecutivo en curso, designios que amenazan convertirse en rasgos perennes del régimen político. Desde luego que es más rápido y fácil hacer obedecer a una docena en un Consejo, aunque con menos réditos democráticos, que concertar con un colectivo de amplia representación a lo largo y ancho del país. Sólo que al fin y al cabo, el asunto de la democracia es más cuestión de babas que de balas y de órdenes.
Al constatar así la entronización de este enfoque excluyente en la composición del nuevo sistema, no deja uno de preguntarse si las normas de carácter legal tienen obligatoriamente que ajustarse en un todo a la letra y al espíritu de la Constitución, la cual define al estado colombiano como un estado descentralizado, pluriétnico, multicultural y participativo, con carácter vinculante para todos sus personeros y agentes. Pues ninguno de estos principios se encuentra reflejado en la nueva ley. Ojalá los especialistas constitucionales examinen el tema.
Otras consideraciones tienen que ver con el concepto de ciencia y tecnología subyacente en el articulado. La sabiduría de esta ley reduce el objetivo de la ciencia a propiciar el desarrollo productivo y una nueva industria nacional. En ninguna parte se encuentra una mención siquiera a cómo se articulan tan economicistas propósitos con un proyecto de nueva sociedad, una vez superada la hecatombe del conflicto interno, en donde pueda tener realización plena el estado social de derecho.
Si lo que el régimen prevée como ciencia es la generación de saberes que se instrumentalizan en la producción de mercancías sin modificar a los hombres y a la sociedad, estamos ante un propósito espúreo que pretende utilizar el estado de todos para beneficio de los oligopolios. Parece un proyecto orientado al TLC, en cuyo caso el Congreso no se ha debido molestar con una ley, pues para ello bastaría un simple programa de promoción en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y un par de convenios de desarrollo tecnológico, apoyados en la "confianza inversionista". Todos queremos que se desarrolle la industria y el comercio, que tengamos más y mejores productos del genio y del ingenio resolviendo problemas humanos; pero al mismo tiempo queremos que todo eso nos sirva para ser mejores personas, mejores ciudadanos, mejor sociedad. La industria es, al mismo tiempo, un resultado y un comienzo; y no cualquier resultado, pues éste puede ser también el final de todo, como el mundo lo está empezando a experimentar ante la degradación ambiental, en algunos casos ya irreversible.
Por ello llama la atención también que, en consonancia con tan singular y precario concepto del papel asignado a la ciencia, sólo se prescriba la participación en las decisiones del sistema a los ministerios más directamente involucrados en los negocios y no se haya contemplado, con privilegios, las intervenciones del Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial y del Ministerio de Cultura. Quizás los dos sectores principales generadores de conocimiento y consumidores de tecnología en el mundo actual son, justamente, el ambiental y el de la cultura.
Si bien es cierto que la cadena trófica nos ata a los seres humanos cada vez menos al mundo orgánico, y que los bienes y servicios de la generación actual y de las venideras estarán casi que exclusivamente empaquetados en bits, las demandas que ejercemos sobre la naturaleza están cada vez más condicionadas por imperativos ambientales. Resulta por ello incomprensible la exclusión de estos sectores; o se la puede comprender a la luz de la experiencia cotidiana en el estado colombiano en donde, a falta de estadismo, no se promueve la cooperación armónica entre las agencias públicas sino el temor y la desconfianza mutuos: los de minas no cooperan con los de medio ambiente (que es el derecho de las cosas); los de industria y comercio tampoco y recelan a su vez de los de cultura, protección social y etcétera.
Un capítulo especial merecería el tema del financiamiento y los instrumentos contemplados para ello, así como el papel de las universidades fuertes versus las pequeñas, las centrales versus las periféricas y, sobre todo, el de la universidad pública, cuyos harapos exhibe como víctima de una lepra política que cada vez la agobia con más exigencias de autofinanciamiento, de eficientismo de mostrador, además de acusaciones temerarias de cueva de terroristas y piropos semejantes que le son arrojados desde las más altas esferas del poder, por quienes deberían ser sus protectores y guardianes.
Seguramente se argumentará que el resultado aprobado fue el producto del consenso y de la más amplia consulta; que fueron muchos los preguntados pero que, obviamente, por pragmatismo no caben todos en el convite institucional. Tal vez. Pero en todo caso, si hablaron, no fueron escuchados; especialmente los académicos; y si guardaron silencio, no faltará quién les reclame por su omisión. Es una pena que a un país dotado de una Constitución tan pródiga en garantías y derechos, atropellados aquí también en esta nueva ley, el poder le esté dejando, por la vía de la intimidación y el miedo a las atrocidades de la guerrilla y de las nuevas bandas armadas, sólo la opción de la obediencia. Se ha retrocedido para estancarse no para tomar impulso.
0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada