A proposito de http://www.kienyke.com/2011/12/21/la-otra-carta-del-ex-presidente-pastrana/
Es posible que a la vuelta de medio siglo, la historiografía se refiera así sobre estos dos dirigentes:
Andrés Pastrana, delfín político conservador, heredero de su padre el también expresidente Misael Pastrana promovió, sin embargo, una visión liberal de la pacificación de Colombia y se arriesgó a un proceso de paz que fue ignorado por la arrogancia políica de las FARC y su tradicional falta de sintonía con el sentimiento popular, desencadenando el fracaso de la iniciativa gubernamental. En contraste, esto implicó para las FARC, una pérdida irrecuperable del prestigio y credibilidad que durante 40 años habían tenido sus propósitos subversivos entre ciertos sectores de la sociedad, intelectuales, sindicalistas, etc., y miembros de la llamada comunidad internacional, especialmente gobiernos socialdemócratas europeos de finales del siglo XX. Se produjo así, casi sin intervención del mismo Pastrana, una suerte de derrota estratégica de las FARC, opacada sólo por su considerable capacidad de daño a través del secuestro de civiles y de interferir el tráfico por las principales vías terrestres del país.
Pastrana fue sucedido en 2002 por Álvaro Uribe Vélez, un emergente caudillo de la occidental provincia antioqueña y en ese momento nueva cabeza visible de los intereses políticos de hacendados, terratenientes y élites tradicionalistas, pese a que por razones electorales siempre había fungido como miembro del partido liberal. Uribe, en su afán por alcanzar el control del estado y retribuir a los sectores que habían contribuido en su ascenso político, aprovechó el desencanto de amplios sectores de la sociedad colombiana radicalizando su postura frente a las FARC y ofreciendo un gobierno de "mano dura y corazón firme", como lo llamó, para acabar con este antiguo conflcito político, cuyo carácter, además, pretendió desconocer para darle el tratamiento de un simple asunto de criminalidad. Uribe, cuyo padre había muerto en un confuso tiroteo rural con secuestradores presuntamente al servicio de las FARC, fue percibido, junto con los sectores que representaba, como víctima; todos habían sido duramente golpeados por la actuación de las guerrillas. Y el gobierno que prometía, a su vez, fue percibido entonces como el gobierno de las víctimas de las FARC, por lo que desde el inicio gravitó en el imaginario popular la sensación de que más allá de la política, su gobierno se inspiraba también en un afán de justiciera venganza contra las FARC. Eso significó condenar al estado y a la sociedad colombianos a pagar un alto costo, pues la estrategia de Uribe sólo pudo aplicarse parcialmente mediante una alianza de facto con grupos de la antigua delincuencia narcotraficante, que venían siendo convenientemente orientados y utilizados por sectores de las fuerzas militares, apoyados por grupos de terratenientes, ganaderos y cazafortunas que tenían nexos antiguos con delincuentes organizados. Aquellos grupos, llamados con cierta impropiedad como "paramilitares" terminaron protagonizando las más execrables violaciones a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, que horrorizaron al país y a la comunidad internacional y cuya actuación fue tolerada, a las buenas o a las malas, y en unos casos casos propicada, por núcleos sociales de poder regional y por autoridades militares y de policía; todos ellos utilizando la crisis como una nueva oportunidad para lucrarse mediante el despojo de tierras y bienes de las víctimas. El período gubernamental de Uribe Vélez, ampliado mediante una turbia reforma constitucional para permitir su reelección y que, paradójicamente, casi consigue lo que nunca consiguió la guerrilla, es decir destruir institucionalmente el país, ha sido considerado como una especie de "década pérdida", pues no solamente fracasó en sus objetivos estratégicos de derrotar la subversión sino que al resultarle imposible controlar a sus aliados paramilitares, dio origen a la proliferación de bandas criminales de antiguos y nuevos paras y narcotraficantes, resultantes tras una fallida desmovilización mediante la ley de Justicia y Paz de 2005. Vista en perspectiva, la derrota estratégica de las FARC infligida durante la administración Pastrana, fue reconvertida por Uribe Vélez en una oportunidad para que atniguos grupos de delincuentes y sus descendientes se hiciesen al poder político, controlando el parlamento, los gobiernos regionales, la burocracia estatal, la contratación de obras públicas, las megaconcesiones de energía e infraestructura y las tierras productivas dentro y más allá de la frontera agrícola. El país concluyó la primera década del siglo XXI sumido en el mayor desequilibrio institucional de su historia y arrastrando el peso de casi 5 millones de víctimas directas del conflicto, la mayoría generada durante el uribismo, billonarias pérdidas del presupuesto público y un enorme desgaste de la fuerza pública, de las institiciones politicas y de la justicia, además de la muerte política de connotados dirigentes. Hasta que apareció Juan Manuel Santos, un encumbrado ex-uribista, cuyo transfuguismo político lo acreditó como el Houdini de la política colombiana, y en quien el caudillo antioqueño había puesto, un poco a regañadientes, sus esperanzas de continuidad. No obstante, tales esperanzas, ciertamente vanas esperanzas, se esfumaron desde el mismo discurso de posesión del exministro bogotano, quien ocupó en 2010 el sillón presidencial que a mediados del siglo XX había ocupado también su tío abuelo Eduardo Santos. Se trató, sin duda, de otro delfín. ¿Acaso Colombia estaba condenada a ser manejada por las mismas élites históricas que lo habían hecho a través de su historia bicentenaria? Cuando lo intentaron quienes no pertenecían a las élites o no eran sus delfines terminaron asesinados, marginados o fracasados, entre los que Uribe Vélez fue hasta entonces apenas un ejemplo más de ellos. Diciembre 2011
